La ‘tragedia oculta’ de Colombia: 7.000 presos políticos

Sergio Ferrari, swissinfo.ch

Presos politicos colombianos

Presos politicos colombianos


Adital.T´safiqui-ecuadorurgente. Berna-Suiza.- Más de 7 mil presos políticos abarrotan las cárceles de Colombia. Los mismos viven, en muchos casos, en situaciones dramáticas. Así lo denuncia el abogado colombiano Ramiro Orjuela durante su estadía en Suiza, como parte de una gira continental.

Profesor universitario y defensor de detenidos políticos, Orjuela coordina la defensa, entre otros, del periodista sueco-colombiano Joaquín Pérez Becerra, cuya detención y rápida extradición de Caracas a Bogotá en la última semana de abril del año en curso, fue ampliamente mediatizada.

“La situación de los detenidos por causas políticas o de conciencia es una tragedia oculta por los grandes medios de comunicación en mi país”, subraya Orjuela en diálogo con swissinfo.ch durante una reciente escala en Berna.

En la segunda quincena de junio el abogado colombiano visitó Suecia, Alemania, Bélgica, Suiza y España. Encontrando a personalidades políticas, la comunidad de colombianos expatriados, parlamentarios europeos en Bruselas así como funcionarios de organismos internacionales y de reconocidas entidades como el Consejo Mundial de Iglesias, en Ginebra.

“Caso único en Latinoamérica”

La cantidad de presos políticos y sus condiciones de detención “describen una de las peores situaciones en América Latina e incluso en el mundo entero”, enfatiza el defensor de derechos humanos.

Muchos de ellos son campesinos, obreros, estudiantes, sindicalistas, líderes sociales o asociativos. Sin embargo, el Estado, para penalizarlos, “los acusa de guerrilleros. En mi país cualquier voz opositora es criminalizada, en particular si pertenece a los movimientos sociales”, enfatiza.

Las condiciones de detención en muchos de los centros penitenciarios, según Orjuela, aumentan el drama de los “miles de jóvenes, mujeres, hombres y ancianos que las deben soportar”.

Y la lista de vejaciones, según el abogado, es larga. Todo comienza ya con las trabas y mecanismos complejos para complicar los procesos jurídicos. “En Colombia es cotidiano, por ejemplo, el recurso de pagar a testigos falsos o usar pruebas falsas. Como en el caso emblemático de David Ravelo, dirigente social de derechos humanos del Magdalena Medio, acusado una primera vez como guerrillero de las FARC. Liberado 27 meses más tarde fue nuevamente detenido, esta vez, usando como pretexto testimonios de ex –paramilitares”.

Continuando con su reflexión, Orjuela ejemplifica otras de las condiciones abusivas que le dan un tinte dramático a las cárceles”: régimen cotidiano inhumano; desplazamiento de los detenidos a miles de kilómetros de su lugar originario de residencia; imposibilidad real de poder tener visitas con sus familiares debido a la distancia y a la precariedad económica de muchas de las familias de los detenidos…

La siniestra Valledupar

“Es el caso, por ejemplo, de la Cárcel de Valledupar, en el Departamento de César, donde se han reunido a varios centenares de presos originarios de regiones muy alejadas, de hasta mil kilómetros o más, lo que hace casi imposible ejercer realmente el derecho a la visita”, explica.

La situación que viven los detenidos de ese centro penitenciario fue denunciada recientemente por prestigiosos organismos internacionales.

La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) con su sede internacional en Ginebra, hizo pública una carta enviada en mayo pasado al presidente de la Nación Juan Manuel Santos, señalando la “seria preocupación por las deplorables condiciones de detención y la integridad personal de los prisioneros” de Valledupar.

En la misiva-documento, la OMCT demandó la intervención del ejecutivo para que tome inmediatas medidas para “garantizar la seguridad, integridad física y psicológica” de los detenidos… y para que se superen “las actuales condiciones de detención, que se pueden catalogar como inhumanas y constituyentes de tratos crueles y degradantes”.

El caso Pérez Becerra

El periodista sueco de origen colombiano Joaquín Pérez Becerra, dirige desde fines de los años noventa la agencia alternativa ANNCOL (Agencia de Noticias Nueva Colombia), con sede en Suecia. ANNCOL es acusada por las autoridades del país sudamericano de ser parte del frente internacional de la guerrilla, lo que el medio de información ha reiteradamente negado.

El pasado 23 de abril al aterrizar en Caracas proveniente de Estocolmo, Pérez Becerra fue detenido en el mismo aeropuerto, incomunicado y extraditado en menos de 48 horas hacia Bogotá, donde permanece detenido.

“Desgraciadamente su situación legal se ha ido empantanando dada la intromisión del Poder Ejecutivo en la rama judicial, especialmente en la Fiscalía. El Gobierno ha dicho que Pérez Becerra es comandante de las FARC”, explica Ramiro Orjuela.

A la base de la acusación, sostiene, están los supuestos datos encontrados en la computadora del dirigente guerrillero Raúl Reyes. “Sin embargo en otros procesos jurídicos la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha desestimado el valor de esas pruebas”, considerándolas ilegales por la forma como fueron obtenidas, sentencia el abogado defensor.

“Jurídicamente el encarcelamiento de mi defendido es débil…Pero en Colombia puede pasar cualquier cosa. Pueden pagar testigos para crear nuevas acusaciones. Pueden sacar otras pruebas no sabemos de dónde. Estoy convencido que la Fiscalía va a hacer maniobras para impedir que se haga realmente justicia y se decrete la libertad del periodista sueco”, enfatiza.

Una situación compleja, “dado que no hay bases jurídicas para al detención y se trata de un caso eminentemente político. Resultado de una actuación ilegal de las autoridades venezolanas que violando las leyes de ese país y convenciones internacionales extraditaron a Pérez Becerra a Colombia”, concluye Orjuela.

La siniestra Valledupar

Desde hace algunos meses organizaciones de derechos humanos de diferentes países impulsan la demanda del cierre de la Cárcel de Valledupar.

En mayo pasado, la Organización Mundial contra la Tortura en carta al presidente colombiano Juan Manuel Santos, enumeraba algunos aspectos preocupantes que se padecían en ese momento en la cárcel.

“…desde hace cerca de 15 días, hay una falta total de agua potable en la prisión, ubicada en una región de clima cálido con temperaturas máximas superiores a los 35 grados”
“… cerca de 60 presos amarrados a diferentes torres del centro carcelario, las cuales miden alrededor de 15 metros de altura”
“…la restricción del agua potable habría sido utilizada como castigo contra los detenidos”
“… cerca de 60 detenidos sufrirían enfermedades gastrointestinales… a causa de las deplorables condiciones sanitarias”
“…violentas golpizas con garrotes, puñetazos y patadas…además de agresiones con gases lacrimógenos lanzados contra las celdas” de algunos de los detenidos, durante horas de sueño

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Detenidos integrantes de las FARC –EP en Ecuador: ¡Asilo Politico, no entrega!

Comité Sucumbíos Solidario

Este día lunes 27 de junio en el sur de la ciudad de Quito, fueron detenidos dos integrantes del Frente 48 de las FARC-EP, se trata de Fabio Rodríguez Artunduaga y Yanenci Hoyos Alarcón, quienes en declaraciones que dieron indicaron que se encontraban en esta ciudad bajo tratamiento médico.

El operativo desarrollado en un Centro comercial, tuvo un despliegue gigantesco de fuerzas policiales quienes contaron con información de inteligencia del ejército colombiano para lograr la captura de los farianos. Resulta bastante sospechoso que para Fabio Rodríguez Artunduaga , recién el 25 del presente mes las autoridades judiciales de Colombia emitieran orden de captura por rebelión, es decir cuando ya se encontraba en el Ecuador, en búsqueda del tratamiento médico.

Con este operativo se evidencia una vez más la estrecha colaboración entre organismos de inteligencia ecuatoriano y colombiano que operan impunemente en nuestro país y se constituyen el mejor desmentís a las demagógicas declaraciones del gobierno ecuatoriano, de neutralidad frente al conflicto colombiano.

Ha sido notorio el mayor compromiso del gobierno de Alianza País, para con la estrategia del denominado Plan Colombia, ejerciendo el papel asignado en dicho procedimiento el de yunque, es decir contener a las fuerzas insurgentes colombianas, para ello ha desplegado un enorme pie de fuerza en la frontera colombo ecuatoriano y ha fijado profusa colaboración con el ejército de dicho país.

Rápidamente las autoridades policiales y gubernamentales, anunciaron la deportación de los insurgentes hacia Colombia, violando distintas normas que para el presente caso hablan de la necesidad de asilo político, pues los combatientes no se encontraban armados y traspasaron las fronteras en búsqueda de ayuda médica y su vida corre grave peligro de ser entregado al gobierno de Colombia.

Ecuador es signatario de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados y su respectivo Protocolo, por lo cual es de necesario cumplimiento el mismo, y no entregar a los rebeldes capturados en Quito.

Las organizaciones populares y solidarias exigimos la NO EXTRADICIÓN, la concesión del asilo político a los rebeldes detenidos, llamamos a la acción inmediata y solidaria.

Dirigir comunicaciones expresando el pedido de asilo político a:

Presidencia de la República del Ecuador

twitter @blogcarondelet

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